El ayuntamiento rescindió el contrato de recoja de basura otorgado a BTM del Golfo, con el fin de fortalecer la austeridad por la contingencia sanitaria y ahorrar un monto superior de 100 millones de pesos.
José Ángel Durán Désiga, secretario Consultivo y Jurídico del ayuntamiento de Solidaridad, informó que es un ajuste para las finanzas del ayuntamiento y encontrar las maneras de enfrentar la baja ocupación comercial en el municipio.
“Esto atiende a una mejor administración para procurar los recursos, sabemos que el tema de la pandemia de Covid nos ha orillado a caer en temas de causa mayor que tenemos que atender (...) a efectos de no caer en deudas para el municipio y tener unas finanzas sanas y estratégicamente porque el recurso es prioridad utilizarlo para proteger la vida y la salud”, dijo Durán Désiga.
Dicho contrato de prestación de recoja de servicio de basura inició el pasado 1 de octubre de 2019, firmado por las personas morales BTM del Golfo S.A.P.I. S.A. de C.V. y Sofom E.N.R., quienes realizaban la prestación con la renta de 27 camiones con un costo mensual de 10 millones 47 mil setecientos 90 pesos.
Afirmó que la recoja de basura está garantizada con más de 20 unidades propiedad del ayuntamiento. La generación disminuyó hasta en un 60% desde hace tres meses, es decir, pasó de unas 600 toneladas diarias de recolección, a unas 360 toneladas.
“Estamos en una situación como municipio complicada, sí es necesario, tenemos toda la justificación para invocar esta rescisión”, puntualizó.
Adelantó que hay otros contratos que el ayuntamiento firmó con particulares para recibir otros tipos de servicios, los cuales también analizan rescindir para aumentar el ahorro del gasto público.
Hay que recordar que con el advenimiento del Coronavirus, desde el pasado mes de marzo, los cierres de comercios han sido constantes, además muchos conceptos de recaudación del ayuntamiento se han visto frenados por la nula actividad económica.
Apenas a inicios del mes el semáforo epidemiológico cambió a color naranja y con ello el gobierno permite la actividad hotelera a un tope máximo del 30%.