La volatilidad de los mercados de criptomonedas, los riesgos de delitos financieros y su efervescente popularidad, han hecho que los reguladores de varios países del mundo consideren necesario implementar mayor vigilancia sobre el ecosistema de finanzas digitales, procurando no asfixiar la innovación.

Recientemente, países como China y Suecia, donde desarrollan sus propias monedas digitales emitidas por el banco central (CBDC), tomaron enérgicas medidas contra los criptoactivos, contribuyendo a una rápida contracción del mercado de casi el 30%.

Así mismo, algunos bancos británicos, incluyendo Starling, Monzo y Barclays, han suspendido las transferencias a exchanges de criptomonedas para sus clientes, debido a un potencial aumento de actividad financiera sospechosa de lavado de dinero, según una publicación de Telegraph del 29 de mayo del 2021.

Mientras tanto, la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, está investigando las «brechas» en la supervisión de las criptomonedas, analizando la manera de evitar que sean utilizadas para financiar actividades criminales o terrorismo.

A la par, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, dijo que era necesario tener una legislación dedicada a los exchanges de criptomonedas. Destacando que el lavado de dinero y las actividades ilícitas son su objetivo principal. Se ha señalado que la SEC podría rechazar once solicitudes para autorizar fondos cotizados en bolsa para bitcoin (ETF), y la pasada caída del mercado sería una de las razones que podría reforzar su posición en contra. Sin embargo, la comisión aún no ha tomado una decisión.

Algo similar ha ocurrido en México, donde Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, ha llamado a que bitcoin y las criptomonedas sean reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para la creación de modelos de riesgos que prevengan el lavado de dinero.

Regulaciones podrían atentar contra la privacidad

En parte, las regulaciones que se llevan a cabo a los exchanges y las criptomonedas forman parte de una serie de objetivos planteados por Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para mitigar los presuntos riesgos que presentan las criptomonedas para el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero.

El grupo internacional solicita a los países miembros profundizar la supervisión sobre los proveedores de servicios con activos virtuales, lo que incluyen mayores medidas de conoce a tu cliente, y el compartir data de los usuarios entre los distintos proveedores. También supone una ampliación de la categoría de activo virtual y proveedor de servicio, llegando a incluir a emisores de stablecoins, exchanges descentralizados, herramientas de DeFi y hasta desarrolladores. Esta coordinación global atentaría contra lo que algunos consideran la esencia descentralizada de bitcoin.