En una carta publicada por el congresista Jim Jordan este miércoles, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE. UU. reveló que los investigadores federales solicitaron a los bancos buscar y filtrar transacciones de clientes utilizando términos como «MAGA» y «Trump» como parte de la investigación sobre el 6 de enero. Se advirtió que las compras de «textos religiosos» podrían indicar «extremismo». Sorprendentemente, un banco habría entregado información al FBI «voluntaria y sin ningún proceso legal».

El presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, destacó que los documentos obtenidos indican que después del 6 de enero de 2021, la Oficina de Integración y Compromiso de Interesados del Departamento del Tesoro distribuyó materiales a instituciones financieras. Estos materiales proporcionaban «típologías» de «varias personas de interés» y sugerían términos de búsqueda para identificar transacciones en nombre de la aplicación de la ley federal.

Los términos incluían palabras genéricas como «Trump» y «MAGA» para «buscar mensajes de pago Zelle», así como un «análisis previo de FinCEN» de «Indicadores de Extremismo Violento Local/Solitario». Según este análisis, FinCEN advirtió a las instituciones financieras sobre indicadores de «extremismo», como «cargos de transporte, como boletos de autobús, alquiler de autos o boletos de avión, para áreas de viaje sin un propósito aparente» o «la compra de libros (incluidos textos religiosos) y suscripciones a otros medios que contienen puntos de vista extremistas».

Jim Jordan expresó en una carta a Noah Bishoff, exdirector de FinCEN, que, en resumen, FinCEN utilizó grandes instituciones financieras para revisar las transacciones privadas de sus clientes en busca de cargos sospechosos basados en expresiones políticas y religiosas protegidas. El Comité Judicial está solicitando una entrevista con Bishoff para obtener información necesaria para su supervisión.

Estas revelaciones plantean preguntas sobre la privacidad y el alcance del gobierno en la vigilancia de las actividades financieras de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de términos políticos protegidos constitucionalmente.