La nueva redacción del artículo 58 del Código Fiscal de Quintana Roo, faculta a ministerios públicos y policías ministeriales a “brincarse” a los jueces para acceder de manera directa a los datos fiscales de cualquier persona, lo cual resulta inconstitucional y preocupante, coinciden penalistas, especialistas fiscales y empresarios.
Luis Sarti Pérez, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, explicó que el texto legal es muy claro y permite a la policía un manejo discrecional de los datos, sin que exista siquiera un catálogo de delitos.
“Le están dando una herramienta a la Policía Ministerial para solicitar información, que no forzosamente es a través de un juez, sino que es directamente a las autoridades hacendarias o financieras”, dijo.
Señaló que antes de la reforma se tenía que esperar a que un juez autorice a las autoridades investigadoras tener acceso durante su investigación a esa información.
Consideró que se trata de una medida contraproducente, no sólo por la percepción de desconfianza en la policía, sino también por los escándalos de corrupción en las que se han visto inmiscuidos los cuerpos policíacos.
“Es esa falta de credibilidad y de confianza en algunas de las autoridades que, al final del camino, nos da ese mal sabor de boca. No de ahorita, sino de hace muchas décadas, entonces, que tu información financiera y fiscal esté en manos de una persona en la que la sociedad no confía, es lo que convierte esto en delicado”, agregó.
Por su parte, Raúl Ojeda González, abogado penalista e integrante de la Federación de Barras y Colegios de Abogados de Quintana Roo, calificó la reforma como “totalmente inconstitucional”, pues toda actuación que involucre la intromisión de la Fiscalía a la vida y bienes privados debe estar sujeta al control de un juez.
“Esto es totalmente inconstitucional. Existe tanto a nivel federal y local la protección de los datos personales, cualquier acceso a la información confidencial de toda persona debe ser bajo la autorización de un juez, lo que hace esta reforma es establecer que ahora no es necesaria esa autorización, sino que la policía la puede pedir cuando quiera”, señaló.
Abogados cuestionan ambigüedad de la reforma
Para el abogado penalista, el control jurisdiccional representa una garantía para los ciudadanos, que en algún momento pudieran ser investigados o imputados, pues permite que un juez valore los indicios de los delitos que el Ministerio Público afirma tener.
Al respecto, el abogado especialista en derecho fiscal, Eduardo Gutiérrez Pantoja, destacó la ambigüedad de la reforma aprobada en Quintana Roo y cuestionó su aprobación en el estado, cuando a nivel federal quedó en pausa.
“El párrafo no especifica que sólo se podrá entregar la información de los acusados, o en delitos donde sea necesario dicho dato, por eso es tan peligrosa”, puntualiza.
Esa ambigüedad, considera, abre la puerta a que la Policía Ministerial pueda solicitar los datos de cualquier persona, independientemente, si se trata de un acusado o víctima, sin importar qué tipo de delitos se están persiguiendo.
“Mucha gente se va a amparar. Por las circunstancias económicas que hay, la delincuencia se ha activado mucho. Es una parte muy difícil en donde se deben resguardar esos datos, porque son confidenciales, salvo que un juez determine que por un delito se pueda acceder”, consideró por su parte, José Gabriel Polanco Bueno, especialista en temas fiscales.
Sector empresarial teme mal uso de los datos por parte de la policía
Para el sector empresarial de Quintana Roo, el acceso de los policías ministeriales a los datos fiscales abre la posibilidad de que elementos “corruptos” puedan utilizar esos datos para extorsiones.
“Ahora resulta que cualquier elemento de la Policía Ministerial puede iniciar una carpeta de investigación, inventando cualquier falta, para poder acceder a toda la información financiera de la población: cuánto comprueba, cuánto gana, etcétera. Aunque la investigación no prospere, ellos ya tendrán esos datos, que pueden ser usados con fines perversos”, manifestó Juan Jaime Mingüer Cerón, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Chetumal-Tulum.
El empresario añadió que el temor es justificable, no sólo por los niveles de desconfianza en esos agentes, sino porque el propio fiscal general ha reconocido que existen algunos en funciones a pesar de haber reprobado los exámenes de control de confianza, e incluso, sospechas de relación con la delincuencia.
“Es un temor justificable, considerando que el propio fiscal general, Óscar Montes de Oca, recientemente reconoció que el 80% de sus elementos ministeriales tienen relación con el crimen organizado, o no son nada honorables y son corruptos”.
Adelantó que los integrantes de la Canaco buscarán acompañarse de otros organismos empresariales, académicos y organizaciones civiles, para solicitar una reunión de trabajo con la Fiscalía General del Estado, para analizar el tema y llegar a acuerdos sobre la ejecución de este punto y evitar futuros atropellos.
En tanto, Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Canirac, calificó como grave el tema, por lo que tendrán una reunión con las autoridades para saber bajo qué condiciones se pretende aplicar el nuevo precepto legal.
“Pues es muy grave; nosotros cómo Canirac tendremos una cita para ver este tema, al igual que los incentivos fiscales para los restaurantes agremiados a la cámara y saber si esto comentado hoy es verdad”, aseguró.
Mientras tanto, los diputados mantuvieron un silencio total sobre el tema, únicamente Eduardo Martínez Arcila defendió el trabajo de los diputados, argumentando que el texto obliga a pedir la autorización de un juez.