La prevalencia de la corrupción en Quintana Roo incrementó en seis puntos porcentuales, durante los últimos seis años, colocando al estado entre las 10 entidades con mayores porcentajes.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en 2013 la prevalencia de corrupción en la entidad era de 13.9%, mientras que 2019 cerró con 19.9%.
Otro de los puntos que resalta el estudio sexenal es que casi el 80% de las víctimas de corrupción no denunciaron porque consideraron que era inútil, porque no se le daba seguimiento a los expedientes; el 18.5% consideró que era una pérdida de tiempo, otros por la misma falta de tiempo para hacer ese trámite.
Además, señala que a pesar de que se cuenta con diversos órganos de combate a la corrupción, la mayoría carece de planes y programas. Actualmente únicamente siete estados del país, entre ellos Quintana Roo, cuentan con una Política Estatal Anticorrupción. En el caso de la entidad, fue presentada apenas hace unos meses.
En su oportunidad, Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que inició actividades en 2018, ha reiterado en varias ocasiones que se hace un gran esfuerzo y trabajo para acabar con estas actividades y fomentar la cultura de la denuncia.
Los organismos encargados del tema de la corrupción en Quintana Roo son: el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, así como el Comité de Participación Ciudadana, cuyo presidente debe encabezar el Comité Coordinador.
Sin embargo, en lo que respecta a Quintana Roo, dos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadano ya concluyeron con el periodo por el cual fueron nombrados, en 2018.
Se trata de Miriam Cortes Franco, elegida por un año; Marco Gutiérrez Martínez, por dos; mientras que Cynthia Dehesa, le queda solo meses, luego de que fue designada por un periodo de tres años.
A pesar de esa situación, actualmente, el Congreso Estado está en el proceso para elegir a los integrantes de un Comité de Selección, que será el encargo de nombrar a los nuevos integrantes del Comité de Participación Ciudadana.