Garantizar que aquellas personas que abandonan la cárcel, después de cumplir una condena, no vuelvan a delinquir, es el titánico reto del sistema penitenciario de Quintana Roo.

Durante años, caer en una prisión del estado era sinónimo de perfeccionarse en el crimen. En cualquiera de los centros, la reinserción social, independientemente del delito cometido, era una tarea prácticamente imposible.

De septiembre de 2018 a la fecha, el número de cárceles pasó de ocho a cuatro. Ya no hay en Carrillo Puerto, José María Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Ahora, la atención se centra únicamente en cuatro puntos, donde las condiciones han mejorado, según afirman las autoridades estatales.

“Tenemos un sólo programa de reinserción social pero integral, acordado en la conferencia del Sistema Nacional Penitenciario, que aquí en Quintana Roo había costado mucho trabajo aplicar. Ahora estamos en eso, para que el día de mañana nuestros presos puedan reinsertarse a la sociedad, porque todos los días estamos sacando ‘libres’, por lo menos con menor riesgo, intentando que no reincidan”, explicó Lucio Hernández Gutiérrez, subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Desde las oficinas administrativas del Cereso de Chetumal, que en menos de dos años duplicó su población hasta alcanzar mil 149 reos, dijo que ese “boom” poblacional es precisamente la clave del éxito de la estrategia para acabar con una de las prácticas que por años se dejó crecer: el autogobierno.

A Chetumal fueron a parar alrededor de 100 personas procesadas y sentenciadas que se encontraban en centros de retención municipal, cuya única función era atender faltas administrativas, pero no causas penales.

En ese mismo lugar llegaron también reclusos provenientes de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.

“Todos estaban provocando problemas graves. Se han traído a más de 600, 18 de Cozumel por ejemplo, la mayoría ha sido de Cancún y muchos más de Solidaridad, por eso están esos centros más estables”, detalla el responsable de los penales en el estado.

La última fase fue reubicar a las personas que pretendían formar un autogobierno dentro del Cereso de Chetumal. Los pocos terminaron siendo trasladados, ya sea a Cancún o a Cozumel.

“Con toda esta cantidad de personas más, desestabilizamos ligeramente este. Eso nos obligó a que tuviéramos que identificar a los ‘lidercillos’ que teníamos aquí y los sacáramos”, señala.

Minimizado el problema, las actuales condiciones en la capital del estado permiten implementar las medidas relacionadas con la reinserción, tomando en cuenta aspectos como la formación educativa y laboral, así como el desarrollo de habilidades, tanto individuales como sociales.

De acuerdo con las autoridades, los trabajos se hacen en coordinación con los organismos de derechos humanos tanto locales como el nacional. Este último considera que se deben privilegiar: educación, trabajo, capacitación, deporte y salud.

“No se puede concebir un tratamiento de reinserción social sin el acompañamiento de los derechos humanos. Siempre lo he mantenido, y por supuesto que jamás debemos de permitir que exista la riña entre los derechos humanos y el estricto apego a derecho para lograr la reinserción de las personas privadas de la libertad”, afirma el entrevistado.

Mejora la infraestructura del Cereso

Actualmente está en proceso la renovación del campo deportivo que, en cada época de lluvias, complicaba aún más las condiciones dentro del penal, al propiciar la inundación de varias zonas, incluyendo las galeras, debido a sus condiciones de hundimiento.

Para las autoridades, ésta y otras acciones implementadas tienen como objetivo mejorar la estancia de sus habitantes quienes, independientemente de estar privadas de su libertad, también tienen derechos.

Atletismo, fútbol, vólibol, básquetbol, box y sóftbol son sólo algunos de los deportes que practican quienes por alguno u otro delito purgan condenas que van desde un par de años hasta decenas de años.

Otro de los cambios fue la eliminación del “mercadito”, que era uno de las fuentes de ingreso para el autogobierno.

“Todo esto estaba dividido en cuadritos. Cada uno era como un ‘localito’ y estaba dividido y arrendado por parte del autogobierno. Un cachito lo vendían en 20 mil pesos, de manera semanal o mensual pagaban los internos. Lo que se hizo fue extinguir toda esta situación y quitar todas esas chozas y cabañas que se prestaban para actos indebidos”, reconoce Ángel Domínguez Arias, actual director del Cereso.

En tanto, áreas como la carpintería han tenido mejoras. En ese sitio, los presos no sólo aprenden sino que han perfeccionado sus técnicas para construir desde juguetes hasta muebles completos, que pueden ser comercializados con el exterior.