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02 April 2020

Las autoridades aplicarán sanciones a quienes no acaten las disposiciones sanitarias, luego de que la sana distancia ya no es suficiente para evitar la propagación del coronavirus en Quintana Roo.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el gobernador Carlos Joaquín González, dijo que ha solicitado a las fuerzas de seguridad del estado y a la Guardia Nacional el apoyo para pedirle a la gente que se quede en sus viviendas.

A la par habrá una vigilancia más estricta de quien entra y sale de Quintana Roo, para lo cual se han instalado filtros sanitarios en siete puntos de entrada en los límites con Yucatán y Campeche.

Además, se pondrá mayor atención en la movilidad interna que incluye la vigilancia de toda la carretera federal que une a Chetumal con Cancún, con el apoyo de las autoridades municipales.

 “Estamos poniendo filtros a lo largo de la carretera, cuidando la salida y entrada de las ciudades, la intención es detectar personas con síntomas de la enfermedad y disminuir la dispersión del contagio”, indicó el mandatario.

“Solicito su comprensión por las molestias y su colaboración para seguir las indicaciones sanitarias. Quien no obedezca será acreedor a las sanciones que nuestras leyes establecen”, advirtió el gobernador del estado.

La ley dicta prisión a quien ponga en peligro de contagio a la población

El Código Penal del Estado de Quintana Roo establece en su artículo 113 sanciones de hasta un año de prisión, para quienes pongan en peligro de contagio la salud de otra persona.

“Al que sabiendo que padece algún mal grave y transmisible ponga por cualquier medio en peligro de contagio la salud de otro, se le impondrá de seis meses a un año de prisión o multa de diez a cincuenta días”, señala el código citado.

En el caso de los municipios, las policías municipales, integradas en un mando único, tienen en sus reglamentos locales causales para sancionar a los ciudadanos que no obedezcan a la autoridad.

Dos de ellas son el desacato a una autoridad y poner en riesgo la seguridad de las personas.

La primera amerita ser consignado ante el Ministerio Público, mientras que la segunda se considera como una falta administrativa, según confirmaron algunos municipios.

Este anuncio se hizo en consonancia con las recomendaciones que se hacen a nivel federal.

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