La Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició un expediente de investigación contra diversos servidores públicos que intervinieron en la averiguación previa por el delito de trata de personas, integrada contra el expresidente del PRI local, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, informó la fiscal general, Ernestina Godoy.

Según fuentes extraoficiales, los exfuncionarios investigados serían del más alto nivel: el exprocurador Rodolfo Ríos Garza; el exdirector de la Policía de Investigación, Raúl Peralta; la exfiscal de Asuntos Especiales, Margarita Vázquez; el exdirector de Servicios Especiales, Rodolfo Rojo; y el excoordinador de asesores del procurador, Erasmo de León, quienes habrían avalado los trabajos para que Gutiérrez De la Torre quedara libre de responsabilidad.

Godoy agregó que la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Trata de Personas ha realizado un “análisis minucioso” del contenido de casi diez mil fojas del expediente del caso ocurrido en 2014 y que ya se ordenó el inicio de las inspecciones ministeriales en los distintos lugares en que se llevaron a cabo los hechos denunciados.

Al leer un mensaje de manera virtual y sin permitir preguntas de la prensa, Godoy Ramos dijo que, con ayuda de herramientas tecnológicas, también se desarrollan diligencias de carácter científico y objetivo que generarán peritajes en los que se están analizando varios audios.

Y anunció que evalúan la participación de personas expertas de otras instituciones que acompañen dicha investigación en el marco de los instrumentos de cooperación existentes.

Tales acciones, recordó, se hacen luego de “quedar en evidencia la investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia en la que se llevaron a cabo diligencias que no se encontraban apegadas a derecho”.

El pasado 11 de septiembre, la titular de la FGJ local informó que la institución retomaría y ampliaría la investigación contra el exdiputado local, también conocido como “El rey de la basura”, como responsable de una red de prostitución de mujeres dentro del PRI capitalino.

El anuncio ocurrió luego que en años pasados un juez resolvió el no ejercicio de acción penal en su contra, pero al menos tres de las víctimas interpusieron un amparo.

La fiscal Ernestina Godoy dijo este martes que las diligencias que se realicen permitirán esclarecer los hechos, “conforme a los criterios procedimentales nacionales y los estándares internacionales de investigación aplicables en la materia de trata”.

De paso, aseguró que “todas las personas servidoras públicas que trabajan en esta fiscalía tienen el deber de asumir un compromiso indeclinable con la búsqueda de la verdad, el respeto a los derechos humanos y la protección de las víctimas. Quien no pueda o no quiera cumplir con su deber constitucional, no tiene lugar en esta institución”.

(Proceso)