Mucho, pero que mucho ojo a esto porque esta noticia se puede traspasar a escala internacional, puesto que el protocolo médico para las residencias de ancianos ha sido desarrollado en casi todos los países desarrollados, de la misma manera que en Estados Unidos.
Ayer, Q dedicaba dos potentes publicaciones a las investigaciones en marcha para determinar si las actuaciones en torno a las residencias de ancianos en los estados gobernados por los socialdemócratas constituyen delito de «homicidio en tercer grado», citando al diputado Steve Scalise, que es quien lidera estas investigaciones.
Los argumentos ya los conocemos porque ocurrieron exactamente igual en España: se enviaron a las residencias a ancianos enfermos de Covid-19, que pudieron contagiar al resto y, después, se les aplicaron sedativos, para dejarlos morir.
Para terminar de evidenciar la conspiración, la responsable de salud en el estado Pensylvania, la judía Levine, sacó a su madre de la residencia para protegerla, señal de que sabía que estaba en peligro. Este asunto es letal para los socialdemócratas y, como digo, tiene derivaciones en España.
(Rafapal)