En México las mujeres están expuestas a ser víctimas de un delito a cualquier edad y en el lugar que sea. Las agresiones contra ellas van desde el acoso hasta el feminicidio, lo cual ha provocado que sus exigencias de seguridad y justicia vayan en aumento.

Desde inicios de 2019, cuando se presentaron las primeras denuncias de secuestro de esa población en el interior de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, las movilizaciones se intensificaron y su hartazgo terminó de estallar con los asesinatos de Abril Pérez y Fátima Cecilia, una niña de siete años

EL UNIVERSAL ha dado seguimiento a la violencia de género. En este trabajo retomamos los datos recabados por los periodistas de esta casa editorial sobre la situación que viven las mujeres en el territorio nacional.

Tan sólo en los últimos cinco años, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó el homicidio doloso de 12 mil 49 mujeres y otros 3 mil 628 feminicidios.

La muerte es la última fase de la violencia contra ellas, quienes inician su suplicio en su hogar.

De acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), administrado por la Secretaría de Gobernación (Segob), entre 2007 y 2019 se identificaron a 406 mil 104 agresores, de los cuales 91% cometió sus ataques en el ámbito familiar.

El organismo detalla que los ataques sexuales, con 173 mil 776 casos, y los sicológicos, con 103 mil 170 reportes, son los más frecuentes en el país.

Además del hogar, el lugar de trabajo también se ha convertido en un espacio hostil, incluyendo las dependencias del gobierno federal. Información obtenida a través de solicitudes de información revela que durante el primer año de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo 766 quejas y denuncias por acoso sexual en 71 instituciones.

Los casos presentaron un leve aumento respecto al último año de gobierno del exmandatario federal Enrique Peña Nieto, cuando se presentaron 713 reportes por este tipo de incidentes.

Por toda esta situación, ayer miles de mujeres salieron a la calle en todo el país para exigir a las autoridades una mejor estrategia contra la inseguridad y hoy se convocó a un paro nacional feminista.

De esta manera la población femenina se alejará de los lugares donde tanto daño le han infringido no sólo personas cercanas, sino también las bandas delictivas que operan a lo largo y ancho del país.

El Banavim señala que en los últimos tres sexenios al menos 45 mil 719 mujeres fueron agredidas por el crimen organizado. Los delitos perpetrados tienen que ver con desapariciones, trata de personas, feminicidios y ataques sexuales, entre otros.

Delitos sin castigo

Frente a la inmensa cantidad de agresiones que este sector de la población recibe, el sistema de justicia se ha mostrado inoperante y, según especialistas, esto perpetúa la violencia de género.

Documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que en el caso de los feminicidios, los familiares de las víctimas tardan hasta siete años para lograr una sentencia contra los responsables del crimen.

Esto ha sucedido en Tabasco, donde el Poder Judicial tiene registrados tres juicios que iniciaron desde el 2012, pero a finales de 2019 las querellas no se habían resuelto.

Hasta diciembre del año pasado, en Oaxaca había 20 procesos no concluidos que fueron abiertos entre 2013 y 2015; otros cuatro casos esperaron hasta un lustro para tener una sentencia condenatoria.

Para frenar los feminicidios, las autoridades endurecieron los castigos hacia los responsables; sin embargo, cifras oficiales reflejan que reforzar las medidas punitivas no tiene el resultado que se esperaba.

Ejemplo de esto es que desde 2019 se decidió enviar automáticamente a prisión a los sospechosos de cometer este delito, pero en cinco estados donde se aplicó esta ley (Veracruz, Puebla, Durango, Campeche y Aguascalientes), los hechos aumentaron.

De las 117 prisiones preventivas ociosas dictadas entre mayo y diciembre del año anterior, sólo cinco obtuvieron sentencia, 75 procesos seguían abiertos y en el resto de los casos no se conocía el resultado.

(El Universal)