A través de sus opacas estructuras offshore, encabezadas por su filial PMI, Petróleos Mexicanos (Pemex) benefició a la empresa española OHL con una planta solidificadora de azufre en Coatzacoalcos, Veracruz, en un presunto fraude de más de mil 228 millones de pesos que se gestó durante la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de la petrolera y continuó a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto.

El contrato inicial, que nunca fue sometido al conocimiento del Consejo de Administración de Pemex, establecía que la planta debía arrancar a finales de 2016 con un costo de 43 millones de dólares. Sin embargo, la empresa productiva del Estado se endeudó por 75 millones, de los cuales gastó al menos 64 millones 321 mil dólares en la planta, que hasta la fecha no funciona.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó, en un informe publicado el pasado jueves 20, que esto se debe a vicios ocultos de OHL en la construcción –una bodega sufre hundimiento– y a “la inexistencia de oferta del principal insumo, que es el azufre”; por si fuera poco, la petrolera desembolsó más de 26 millones de pesos en la contratación de expertos para determinar los daños.

Este presunto fraude se suma a la amplia lista de irregularidades documentadas en las operaciones de OHL, corporativo del que Lozoya fue consejero entre 2010 y 2012, durante las administraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en el Estado de México como en el gobierno federal: la constructora española recibió contratos públicos por más de 43 mil millones de pesos, además de concesiones carreteras que le generan rendimientos multimillonarios.

Durante su labor, la ASF se enfrentó a la negativa de Pemex a entregarle las cédulas de reportes y avances de OHL que justificaron los pagos millonarios de PMI, por lo que el órgano fiscalizador determinó que hubo “riesgos y posibles faltas administrativas graves a cargo de servidores públicos de Pemex y particulares”.

El pasado 20 de enero, la ASF solicitó la intervención de la Unidad de Responsabilidades de Pemex para investigar el caso y fincar las responsabilidades correspondientes; además, a raíz de la fiscalización, PMI demandó a OHL para pedir una garantía, y en agosto de 2019 reclamó una fianza por la bodega hundida.

La ASF observó que al menos cuatro filiales de PMI participaron en el fraude, en el que “se observó la inexistencia de controles, la falta de transparencia y la discrecionalidad (…) debido a que Pemex no acreditó la evidencia de las instrucciones, los criterios y mecanismos de instrumentación, así como los empleados responsables de cada proceso de las empresas prestadoras de servicios”.

El 9 de diciembre de 2013, PMI Norteamérica autorizó la creación la empresa PMI Azufre Industrial, S.A. de C.V. para desarrollar un proyecto de hasta 45 millones de dólares, que consistía en construir una planta solidificadora en Coatzacoalcos, a fin de transformar y comercializar el azufre que Pemex producía en ese puerto veracruzano.

En aquel entonces José Manuel Carrera Panizzo, director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios en Pemex, presidía el Consejo de Administración de PMI; Mario Beauregard Álvarez era director de Finanzas, y Víctor Díaz Solís fungía como director Corporativo de Administración y Servicios en la petrolera. Esos tres funcionarios, cercanos a Lozoya Austin, participaron en la integración del esquema.

En julio pasado, Carrera fue inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública y multado con 4 mil 206 millones de pesos debido a su papel en la adquisición de la planta chatarra de Agronitrogenados, en la que Lozoya presuntamente cobró sobornos a Altos Hornos de México.

El 21 de febrero de 2014, PMI Azufre otorgó un contrato de 43 millones 311 mil dólares más IVA a Escolaire España, S.A., filial de OHL, para construir la planta en un plazo de 19 meses. Para ello PMI contrató créditos por 50 millones de dólares, cuyo monto creció en los años siguientes a través de diversos convenios modificatorios.

La operación continuó hasta 2018, en la gestión de Carlos Treviño Medina al frente de Pemex, e “implicó la obtención de financiamientos por 75,098.1 miles de dólares, la emisión de acciones por la capitalización de su deuda, pagos a la empresa constructora OHL, la validación de los avances de obra y las gestiones de transferencia a otras empresas filiales de Pemex, operaciones que no fueron sujetas de un proceso de administración de riesgos implícito”, abunda la ASF en el informe citado.

De acuerdo con éste, en junio de 2018 PMI transfirió la planta con vicios ocultos a Mex Gas Internacional S.L. y MGI Asistencia Integral, S. de R.L. de C.V., dos empresas filiales de Pemex Transformación Industrial (PTRI); a pesar de los vicios ocultos, el 28 de julio de 2018 estas empresas y la filial de OHL firmaron el Acta de Recepción de la planta, “con trabajos pendientes de concluir por la constructora”.

La ASF observó que a estas irregularidades se sumó el hecho de que desde años antes era “improcedente” continuar con el proyecto, dado que “ya no existía la oferta de azufre que motivó la construcción de la Planta Solidificadora”.

El contrato con la empresa española se pactó durante la gestión de Lozoya, quien había sido consejero de OHL en 2010 –con apenas 35 años de edad–, una época en la que el grupo español entró en la Bolsa Mexicana de Valores e implementó un elaborado esquema financiero que le permitió inflar sus cifras, multiplicar sus ingresos y presuntamente prestarse al financiamiento de campañas políticas (Proceso 2259).

OHL se encuentra actualmente en el centro de una tormenta judicial en España, donde se le acusa de haber pagado sobornos a funcionarios; las autoridades ibéricas incluso sospechan que parte de los recursos usados para estos fines incluso provienen de México, donde la empresa opera concesiones carreteras, otorgadas principalmente en las administraciones de Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto.

Durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex, OHL incursionó en el sector energético mexicano: Escolaire España construyó una planta de hidrogeno en la refinería de Cadereyta por 13 mil 141 millones de pesos; otro por 689 millones de pesos para construir un turbogenerador en la Refinería Madero, y otro más para supervisar la construcción del gasoducto Los Ramones –a cargo de la empresa Odebrecht–, que posteriormente fue operado por IEnova, una empresa dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, quien entró en el consejo de administración de OHL el mismo día que Lozoya.

Lozoya renunció a la dirección general de Pemex escasos días después de que se filtraran audios de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, en los cuales se evidenciaban reuniones secretas y conflictos de interés con Lozoya; años más tarde, las autoridades españolas descubrieron que el exdirector de Pemex era socio del yerno de Villar Mir en una empresa española que canalizó presuntos sobornos.

(Proceso)