Una investigación federal reveló prácticas ilegales de empresas que violan los derechos a prestaciones sociales, como emisión de facturas falsas, subcontratación ilegal y despidos de unos 380.000 trabajadores para evadir obligaciones patronales en México, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se comprobó, entre otras cosas, que 14.000 empresas despidieron y se quedaron sin 60.000 trabajadores en diciembre; pero en total el despido de trabajadores en diciembre fue de 380.000 trabajadores, algo increíble", detalló el mandatario.

El jefe del Ejecutivo explicó en conferencia de prensa que estas prácticas ilegales detectadas por autoridades de seguridad social, trabajo e inteligencia financiera, "vienen de tiempo atrás, para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar prestaciones, no pagar impuestos".

Al mismo tiempo, anunció una estrategia basada en una nueva legislación, para que las contribuciones al fisco de las empresas y los trabajadores "no sean malversados hacia políticos corruptos".

El gobernante exhortó a los trabajadores y empresas a que cumplan con el pago de impuestos, para evitar que se creen nuevos tributos o aumenten los ya existentes.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), María Luisa Alcalde, anunció en la misma conferencia que, por primera vez, se constituyó un grupo de trabajo dedicado a erradicar prácticas "que afectan a cinco millones de trabajadores mexicanos".

Un equipo interinstitucional federal realiza inspecciones laborales y fiscales, aplica medidas financieras, apoya la regularización de patrones reales y trabajadores, además de sancionar y abrir expedientes por defraudación fiscal.

Entre septiembre y diciembre de 2019 el grupo de trabajo identificó 1.200 empresas, que presentaron indicios de subcontratación ilegal en perjuicio de 862.489 trabajadores.

Las acciones ilegales que las empresas comenten son: defraudación a derechos laborales básicos, lavado de dinero y fraude a los institutos de seguridad social.

Alcalde dijo que la subcontratación ilegal se refiere al traslado de la planilla laboral a empresas intermediarias "con el propósito de encubrir la relación laboral, a través de actos simulados", para incumplir intencionalmente con obligaciones laborales o de seguridad social.

Alrededor de 6.000 empresas incurrieron en delitos al evadir un monto que supera los 21.000 millones de pesos anuales (más de 1,1 millones de dólares).

(Sputnik)