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23 April 2019

El informe anual de la organización internacional Artículo 19, denominado “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva”, detalla cómo el Gobierno que encabezó el priista Enrique Peña Nieto solicitó decenas de remociones de contenido en Google y otras plataformas digitales con base en daños por difamación, uso no autorizado de propiedad intelectual, acoso e incluso por motivos de seguridad nacional.

De acuerdo con la organización defensora del derecho a la libertad de expresión a nivel mundial, la solicitud de remoción de contenidos a grandes corporativos como Google, Facebook y otros, fue una práctica recurrente del Gobierno mexicano entre 2012 y 2018, y en algunos casos vulneró los derechos de acceso a la tecnologías de la información y de libertad de expresión en el país.

Los vicios y sesgos de información en torno a esta práctica impiden a los usuarios mexicanos conocer con precisión los motivos del Estado mexicano para solicitar el retiro de información de las plataformas lo que favorece a que los mecanismos de remoción sean empleados por el Estado como formas ilegítimas de censura.

En el sexenio del priista Enrique Peña Nieto se emplearon mecanismos sin regulación o sin apego legal para retirar contenido de plataformas digitales que pudieron tener como fin la censura, dice un informe de la organización internacional Artículo 19. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.

GOOGLE, UNA DE LAS MÁS CENSURADAS

A través de los datos que presenta el Reporte de Transparencia de Google, Artículo 19 encontró que durante el sexenio pasado los poderes Ejecutivo y Judicial requisitaron 111 las solicitudes de remoción de contenido de plataformas de Google como YouTube, Blogger y Chrome.

Entre 2012 y 2018, el 53 por ciento de sus solicitudes de remoción de contenidos por parte del Poder Judicial fueron para eliminar videos de YouTube, el 22 por ciento fue para remover contenido de blogs, y 20 por ciento para retirar resultados del buscador de Google.

En cuanto al Poder Ejecutivo, la ONG destacó que en el 49 por ciento de los casos se alegó difamación, concepto legal que dentro de la legislación mexicana sólo puede promoverse mediante un juicio de carácter civil en el que se compruebe daño moral. El empleo de este recurso muestra en los casos analizados por la ONG que el Estado mexicano pudo haber empleado mecanismos sin regulación o sin apego legal para retirar contenido de plataformas digitales que pudieron tener como fin la censura.

En la información a la que tuvo acceso la ONG dedicada a la protección de la libertad de expresión y prensa, no se específica en todos los casos cuáles fueron las instancias del Gobierno de Peña que realizaron la solicitud, los motivos que dieron y los criterios para considerar las peticiones procedentes. Foto: Cuartoscuro

Entre este tipo de procedimientos, fueron recurrentes en la pasada administración las solicitudes del Gobierno mexicano para eliminar contenido de la Red, son los casos en los que las quejas no estuvieron acompañadas de órdenes judiciales. De acuerdo con los datos que proporciona Google, de las 111 solicitudes y 299 elementos que el Gobierno solicitó eliminar sólo el 29 por ciento contó con una orden judicial.

Otro de los motivos empleados a menudo, que tampoco tiene fundamento legal, fue el alegato por “críticas al Gobierno”. De acuerdo con la ONG este argumento no tendría por qué ser empleado por las autoridades para restringir la información.

FACEBOOK Y LA OPACIDAD

Facebook es una de las plataformas sociodigitales de mayor uso en México y una de las más solicitadas por el Gobierno mexicano para que eliminara contenidos en la Administración anterior. Sin embargo, Facebook también es un ejemplo de cómo la opacidad de las plataformas sociodigitales respecto a sus procedimientos para remover contenidos facilita la censura.

De acuerdo con Artículo 19, los reportes de contenidos retirados de Facebook carecen de información detallada sobre el motivo por el que las autoridades solicitaron su eliminación. En la información a la que tuvo acceso la ONG, no se específica en todos los casos cuáles fueron las instancias que realizaron la solicitud, los motivos que dieron y los criterios para considerar las peticiones procedentes.

Entre estos casos se encuentra la eliminación de contenidos relacionados con la venta de productos ilegales por solicitud de la Comisión Federal para la Protección Riesgos Sanitarios (Cofepris), que en 2018 fue incluida en la misma cifra de solicitudes del Instituto Nacional Electoral (INE) y que alcanzó 554 solicitudes de remoción.

Entre 2013 y 2018, Facebook restringió 23 mil 598 contenidos por supuestas violaciones a las leyes mexicanas. Entre estas cifras, el informe destaca la remoción de un video que mostraba un tiroteo en 2017 y 34 reportes por difamación. Sin embargo, los reporetes no detallan los motivos, ni describen los casos.

Facebook tiene problemas para desagretar la información sobre los reportes de solicitudes del Gobierno mexicano para remover contenidos. Foto: Artículo 19

DINÁMICA SIMILAR EN TWITTER

Entre 2013 y 2018, Twitter recibió 24 solicitudes de remoción de contenidos de parte de diversos órganos del Estado. No obstante, esta red social no atendió ninguna de estas peticiones.

Twitter reportó que se solicitaron 24 remociones y 58 cuentas de usuarios fueron reportadas como “transgresoras a los términos de servicio de la plataforma”. Sin embargo, argumenta que ninguna de estas peticiones estuvieron acompañadas de una orden judicial.

Twitter es una de las plataformas menos requeridos por el Estado mexicano para remover contenidos. Foto: Artículo 19

INFORMACIÓN INEXISTENTE

Artículo 19 solicitó información a 22 instancias del Poder Ejecutivo Federal y a 30 gobiernos estatales sobre solicitudes de retiro de contenidos que habrían realizado a Google, Facebook y Twitter. De acuerdo con la ONG, cuatro de estas instancias les respondieron que la información era inexistente, de las cuales una se declaró sin facultades para responder; otras cinco no localizaron los datos de las solicitudes, y otras 11 negaron haber realizado las solicitudes.

Una de las instancias que sí confirmó haber realizado las solicitudes fue la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que, de acuerdo con el informe, solicitó a Twitter en 2018 la eliminación de varios tuits en los que se amenazó de muerte a usuarios. A su vez solicitó a Google que dejara de difundir información sobre una base de datos del Gobierno federal. Estos requerimientos al igual que en los otros casos, se realizaron sin una orden judicial. A nivel estatal 11 entidades declararon haber realizado requerimientos similares a las redes sociales.

Un alto porcentaje de instancias gubernamentales federales no encontraron información referente a solicitud de remoción de información en redes sociales y a nivel estatal se declararon incompetentes para responder. Foto: Artículo 19

FACEBOOK Y GOOGLE LAS MÁS RECURRIDAS

El informe anual arrojó que Facebook y Google son las plataformas que más solicitudes reciben por parte del Gobierno mexicano para que retire información. Entre las instancia más recurrentes destaca la AIC, la Cofepris, el INE, y la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones tecnológicas.

En estas solicitudes también destaca una tendencia con relación a los motivos, entre estos los más frecuentes son: “difamación, críticas al Gobierno, noticias falsas, palabras falsas, errores ortográficos, palabras inapropiadas en cuentas oficiales, ataques al honor en carpeta de investigación, Ley electoral y marca comercial”.

El procedimiento de retiro de contenido se realiza en medio de vacíos en las normativas de las plataformas digitales, que impiden conocer con exactitud sus procedimientos en todos los casos, y si es que estos se aplican con el mismo rigor. La falta de transparencia también es evidente en la mayoría de las plataformas, lo que impide conocer la cantidad exacta de solicitudes realizadas para remover contenidos.

Artículo 19 concluye que la opacidad que prevalece tanto en los gobiernos como en las plataformas digitales facilitan la censura. Además de la difamación otro de los motivos empleados con este fin es el abuso de las políticas de protección de la propiedad intelectual. De acuerdo con la ONG, el derecho a la propiedad intelectual también fue utilizado para silenciar sobre todo medios de comunicación.

T-MEC INCREMENTA EL PROBLEMA

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incrementa las restricciones a la libertad de expresión. En el capítulo sobre Propiedad intelectual se incluye una cláusula en la que se obliga a México a implementar la cláusula de “notificación y retirada” que a nivel internacional ha sido empleado para censurar.

Este mecanismo está diseñado para proteger los derechos de autor en entornos digitales, y comprende entre sus medidas que se garantice a los proveedores de servicios de Internet estar libres de responsabilidad ante violaciones de derechos de autor, lo que les faculta para expedir un aviso de “notificación y retirada” de contenidos que violenten estos derechos con lo que se eliminan o inhabilitan accesos a contenidos.

(Sin Embargo)

 

 

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