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08 November 2018

Los países del mecanismo internacional emitieron "recomendaciones al Estado mexicano", que confirman el diagnóstico de que "la crisis de derechos humanos persiste: impunidad, violencia contra personas defensoras (de DDHH) y periodistas, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, niñez, seguridad y justicia, principales preocupaciones internacionales", informó el colectivo en un comunicado conjunto. Representantes de los Estados de la ONU sostuvieron diálogos en los meses anteriores con 245 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el llamado #ColectivoEPUmx, desarrollando un "ejercicio de articulación histórico" que comenzó el 29 de marzo, cuando presentaron como insumo para este proceso un informe conjunto ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo.

 En las recomendaciones, destacan las presentadas por Dinamarca, Reino Unido, España, Países Bajos y Noruega, países que "apoyan la necesidad de fortalecer esfuerzos nacionales e internacionales para combatir la impunidad", prosigue el resumen de las discusiones, según las organizaciones civiles.El principal tema de preocupación de los Estados miembros del mecanismo fueron "las agresiones y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la falta de investigación y sanción a los perpetradores", indica el texto difundido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una de las organizaciones firmantes.Las recomendaciones incluyen "múltiples observaciones en torno a la violencia estructural e institucional que se ejerce contra las mujeres", añade el comunicado.

 La Cmdpdh es una de las más antiguas entre las organizaciones que firmaron el texto.

Fundada en los años 1980, su presidente, José Antonio Guevara, preside el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, uno de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Reconocimiento de los retos

La delegación del Estado mexicano "reconoció que nuestro país enfrenta retos considerables y que las violaciones a derechos humanos les sobrepasan", prosigue el resumen del examen del país latinoamericano.

El colectivo ciudadano que participa en el examen periódico universal considera que durante la administración del presidente saliente, Enrique Peña Nieto (2012-2018), "se ha constatado la utilidad de este examen para aportar datos objetivos sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos" en el país.

 Las organizaciones convocaron al Gobierno federal electo, del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la cancillería, "a sostener un encuentro público, una vez emitidas las recomendaciones del EPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.Los países también recomiendan la creación de una Fiscalía General "autónoma e independiente" y construir un "mecanismo contra la impunidad", reseña el reporte.En el debate fue reiterada la necesidad de "atacar los altos niveles de violencia, corrupción e impunidad", por considerar que esos diagnósticos ofrecen "indicadores certeros y verificables en el cumplimiento de las responsabilidades respecto a los derechos humanos de un Estado", en este caso el mexicano.

 Los centenares de organizaciones reiteraron el llamado que realizaron al próximo Gobierno, que comenzará el 1 de diciembre, para mantener un encuentro público cuando hayan asumido.Reiteraron asimismo una solicitud para fortalecer la "coadyuvancia internacional", para la implementación de las recomendaciones del Consejo.El primer ciclo de revisión del caso México se realizó en febrero de 2009, el segundo en octubre de 2013, y en ambos ejercicios México recibió un conjunto de 267 recomendaciones oficialmente.

 "Hemos documentado que desde el final del segundo ciclo del EPU (2013) en México se han incrementado las vulnerabilidades estructurales en materia de derechos humanos", concluye el informe.

Los expertos consideran que esa fragilidad estructural "se ha expresado en un marco jurídico que favorece la impunidad debido a la aprobación de diversas leyes que legalizan la violación de derechos humanos", tales como la Ley de Seguridad Interior que legaliza los operativos militares en acciones de seguridad pública, y la ausencia de una fiscalía autónoma del presidente en turno.

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