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12 Septiembre 2018

En los días posteriores al terremoto de magnitud 7.2, que el 19 de septiembre de 2017 causó estragos en la zona centro del país y afectó a la Ciudad de México, el estupor cedió el paso a la indignación ciudadana, a medida que salieron evidencias de irregularidades en la construcción de los edificios derrumbados.

La investigación “¿Por qué se cayó mi edificio?”, que dio a conocer hoy la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) confirma que los edificios caídos y las muertes de sus ocupantes fueron marcados por el sello de la corrupción y de la voracidad de promotores inmobiliarios, quiénes pusieron sus ganancias por delante de la vida humana, con la complicidad de las autoridades capitalinas.

Mediante una serie de reportajes, la investigación muestra que los desarrolladores hicieron caso omiso a los reglamentos de construcción adoptados después del terremoto de 1985, usaron materiales baratos en violación a las normas, no respetaron los permisos que obtuvieron para las obras, bajo el cobijo de las delegaciones y el gobierno capitalino que, además, dejaron a los damnificados en el olvido y la indefensión.

Y peor: prueba que, a ocho días de cumplirse un año del fenómeno telúrico, ningún actor de la construcción o del gobierno parece haber entendido la lección, pues todo sigue igual y la cadena de responsabilidad que los involucró se quedó en la impunidad.

A la fecha, y al igual que en el 1985, ningún responsable de actos de corrupción o negligencia que llevó al derrumbe de un edificio y a la muerte de personas ha sido condenado.

“En 1985 hubo dos órdenes de aprehensión, pero nunca se cumplieron, reinó la impunidad en ese entonces”, dijo la periodista Thelma Gómez, quien encabezó la investigación. Abundó: “Ahora parece que la procuraduría quiere repetir este esquema de impunidad”.

Tras más de 10 meses de trabajo, Gómez detalló la “gran opacidad” en la que operaron las autoridades capitalinas después del terremoto: delegaciones, como la Gustavo A. Madero o Coyoacán, se negaron a proporcionar información, el Registro Público de la Propiedad carece de documentos, y la delegación Benito Juárez guarda los planos o permisos en cajas de cartón que se llenan de hongos en la Alberca Olímpica.

“No hay mejor muestra del desdén de las autoridades (…) esta ciudad tiene perdida parte de su memoria”, deploró la periodista. Indicó que, ante la cerrazón de las autoridades, el equipo de investigación acudió con los vecinos.

“La gente conoce bien la historia de su edificio, de su colonia, y lo que encontramos es que los vecinos casi siempre alertaron a las autoridades sobre las malas condiciones de sus edificios. Hay un caso donde llevan 32 años alzando la voz”, recordó.

Entre sus hallazgos, la investigación subraya que las propias inmobiliarias contratan a los Directores Responsables de Obra (DRO) a cambio de que, a veces, cierren los ojos ante la violación a los reglamentos de construcción adoptados después del terremoto de 1985.

Los culpables

El arquitecto Bernardo Mendez Bernal, quien diseñó el flamante edificio ubicado en la calle Zapata 56, en la delegación Benito Juárez –que se derrumbó debido a sus cimentos baratos, sus vigas débiles y columnas más delgadas que lo autorizado en el permiso–, también fue DRO del edificio de Eje Central 526, en la colonia Portales de la misma delegación.

José Rubén Palo Soto, damnificado de aquel edificio, aseguró que existían por lo menos siete irregularidades graves en el edificio.

“Perdí mi patrimonio en dos minutos. ¡No chinguen! (…) y estuve a un paso de perder la vida por irregularidades”, estalló el hombre, quién opinó que la Benito Juárez es la delegación “más corrupta de la ciudad”.

Durante 10 meses su edificio no estuvo incorporado en la plataforma de los edificios dañados y “en condición de damnificados se nos llevó a andar mendigando apoyos”, dijo.

Y para colmo, señaló que el mismo arquitecto Mendez Bernal es asesor en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

“No basta con señalar la corrupción, la lucha debe incluir la cárcel a quiénes procuraron esto, pero sobre todo que recuperemos nuestro patrimonio”, exhortó.

Entre los funcionarios señalados en la investigación, destaca Simón Neumann Ladenzon, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, y cuyo nombre está vinculado con varios edificios derrumbados el 19 de septiembre de 2017.

Neumann tejió con Mancera –ahora senador– un entramado de lucrativos intereses, como lo documentó Proceso esta semana: participó de manera directa e indirecta en el incremento sospechoso del patrimonio inmobiliario de Mancera durante su paso por los gobiernos capitalinos, primero como procurador y luego como jefe de gobierno.

Uno de los reportajes de MCCI vuelve al derrumbe del edificio ubicado en la calle de Bolívar en el que trabajaban obreras textiles, varias de ellas sin prestaciones sociales ni protección laboral. El edificio, previsto para contener departamentos, no soportó el peso de una antena de 10 toneladas instalada en el techo, ni el piso extra que le fue añadido. Se derrumbó.

Fernando Sánchez Lira, hijo de una de las obreras fallecidas, recordó que el patrón, un hombre coreano, ofreció a los familiares de las víctimas una suma de dinero “muy mala”, y posteriormente “parece que dejó el país”.

Juan Pedro Filomeno Manuel es primo de Noemi Manuel García, quien el 19 de septiembre falleció en el edificio ubicado en Álvaro Obregón 286, al que la joven de 21 años había ingresado para firmar su documento de servicio social, a dos semanas de titularse de sus estudios de finanzas.

“Hay cosas que son de Dios, contra las que no podemos hacer nada. Pero hemos sabido que el edificio estaba en muy mal estado (…) desde 1997 no podía vivir gente. Quitaron techos para ganar espacio, para rentar más”, se indignó.

Recordó con dolor la lentitud de las autoridades en remover los escombros, mientras impedían a los civiles acceder al edificio caído; las mentiras –familiares encontraron los cuerpos de sus cercanos en los Semefos, sin que el gobierno les notificara–, y el sufrimiento.

“Viví la muerte lenta de mi familiar”, soltó

Y, tras culpar a “Mancera y todo su grupo de la corrupción”, lamentó: “Nadie perdió su chamba. Somos muchos los que perdimos familiares, casas, y en el gobierno simplemente se reubican”.

Pese a ello, lanzó: “Muchas gracias a todos los mexicanos que se formaron horas y horas para ayudar, y que no les dejaron pasar”.

La investigación, que se centra en las historias de corrupción de 28 edificios derrumbados, se lanzó con base en más de 300 denuncias ciudadanas y centenares de solicitudes de información –la mayoría de las cuales no fueron atendidas conforme a la ley–.

Salvador Camarena, director de investigación periodística de MCCI, indicó que la organización invitó a Claudia Sheinbaum a la presentación, pero ningún integrante del equipo de la próxima jefa del gobierno capitalino se presentó.

(Proceso)

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