24/agosto/2012

A pesar de la presencia de los regidores del PAN para denunciar la violación a la Constitución, las autoridades municipales emanadas del PRI remataron en 3.3 millones de pesos casi 73 mil luminarias de vapor de sodio, alrededor de 46 pesos por cada una.

En la misma subasta, los regidores Luis Canto García, coordinador de la bancada panista, y Lizette Mimenza Herrera, advirtieron a los funcionarios y a los apoderados legales del único postor que el remate era ilegal porque el Cabildo no aprobó la desincorporación ni la enajenación de las luminarias.

No hay ningún acta de Cabildo, que es el máximo órgano colegiado del Ayuntamiento de Mérida, donde se le autorice al presidente municipal y al secretario llevar al cabo esta subasta, subrayó Luis Canto.

Los responsables de este proceso y el postor incurrían en grave simulación al prestarse a un robo contra los meridanos, un robo, dijo, que se comete a plena luz del día.

Lizette Mimenza reiteró que las luminarias eran propiedad de todos los meridanos y se estaban vendiendo de manera ilegal, sin respetar lo establecido en la Constitución y en la Ley de Gobierno de los municipios del Estado de Yucatán.

Los regidores panistas participaban como testigos de una ilegalidad y pidió al notario número 28, Carlos Gamboa y Gamboa, que se haga constar la ausencia de varios funcionarios, entre ellos el secretario de la Comuna, Julio Ávila Novelo; el regidor presidente de la Comisión de Servicios Públicos, José Ricardo Béjar Herrera; el director de Administración, Rubén Antonio Jiménez Ávila; el contralor municipal ni el subdirector de Asuntos Jurídicos, además de la tardía llegada de otro.

Los funcionarios y los interesados en las lámparas sólo se limitaron a escuchar a los regidores panistas, sin hacer ningún comentario, en tanto que personal del Ayuntamiento se dedicaba a tomarles fotos.

A la subasta se presentaron nueve presuntos interesados, de los cuales Mario Bustillos Navarrete, José Felipe Díaz Uc, Javier Garrido Fosado, Diliana Bastarrachea Vázquez, Guillermo Ríos Pérez y Vicente Velázquez Valassi no presentaron posturas, en tanto que Eduardo Martínez Herrera y Eduardo Martínez Vega, al parecer padre e hijo, fueron descartados por presuntos errores atribuidos únicamente a ellos, de modo que sólo la empresa Compraventa de Reciclables Sureste S.A. de C.V. hizo una oferta.

Los abogados de esa empresa, Beatriz Adriana Velázquez Montes y Jimmy Yamil Ambrosio Camargo, presentaron una propuesta de 3.390,500 pesos, 1.270,000 pesos en efectivo y 2.120.500 de pesos con cheque, que fue aceptada por la administración municipal, aunque el precio del avalúo que fijó el mismo Ayuntamiento era de más de 5 millones de pesos.

De hecho, durante una buena parte de la subasta los funcionarios encargados se dedicaron a contar el dinero, la mayor parte en billetes de 500 pesos.

Durante la subasta también estuvieron presentes los regidores panistas Claudia Canto Mézquita, Jaime Casanova Martínez y Mario Aragón Castillo.